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  • Foto del escritorLara María Bertolini

EL GENOCIDIO ECONOMICO EN CUENTA REGRESIVA

Desde hace varios años cuando la Argentina tomó el camino de los derechos adquiridos y conquistados para la comunidad LGBTIQ+ y personas que pertenecen a grupos sociales vulnerados y violentados, a la vez varios partidos políticos que comenzaron a utilizar una maquinaria en donde desde un pinzamiento de acciones, comenzó a desapoderar desde los discursos partidarios junto con la maquinaria periodística y de la Mass media digital, cuestiones relativas a los derechos humanos, a los valores que inciden en la comunidad y cómo al denigrarlos de manera sistemática y continua proceden a quitarle poder e incluso quitarle valor positivo social jurídico.


Desde el comienzo de campaña de lo que entendemos las personas que somos parte de la comunidad de LGBTIQ, como acciones de ultraderecha contra nuestra comunidad, vimos esta mecanización en varias intervenciones periodísticas.

Pero primero debemos desandar una cuestión muy importante qué es lo que se entiende por ultraderecha, para poder también así sensibilizar a parte de la comunidad LGBTIQ que apoya ciertos valores de este movimiento político, pero también es nuestro deber informar y a la vez citar ciertas cuestiones y características preponderantes a saber:


Planteamiento general de la ultraderecha[1]

La visión de la ultraderecha consiste en llevar las ideas de derechas al extremo. De esta manera, las tesis generales de esta posición política son las siguientes:

1) la prevalencia de todo lo nacional frente a cualquier idea o propuesta que provenga del exterior,

2) el rechazo y en ocasiones odio hacia los extranjeros que viven en el territorio nacional y

3) la crítica hacia algunos principios democráticos, como el sufragio universal, las libertades civiles, etc.


Desde un punto de vista económico, la mayoría de los gobiernos de ultraderecha ha practicado el proteccionismo. La mentalidad de las personas de ultraderecha suele basarse en creencias religiosas muy tradicionales y en instituciones muy arraigados culturalmente (por ejemplo, la patria o la familia). Quienes defienden este tipo de planteamientos suelen tener una larga lista de enemigos: socialistas, masones, gays, ateos, antipatriotas, pro-abortistas, extranjeros o judíos.


 Una forma clara de un discurso de ultraderecha la podemos observar en una mecánica periodística clásica, en el programa de James Bailey[2], el actual presidente de la Argentina hace comparaciones donde de categoriza las relaciones humanas de las personas que no tienen las mismas relaciones sexo afectivas que las tradicionales heterosexuales, haciendo una apuesta inclusive a desacreditar este derecho calificando con un término en donde dice que también una persona se puede casar con un elefante, esto es claramente refutable si entendemos que tanto nuestro código civil y comercial de la nación, nuestra ley de identidad de género la ley 26743 cómo la opinión consultiva 24/17 establece muy clara las cuestiones referidas a las categorías humanas.


Este es uno de los tantos ejemplos dónde los discursos mediáticos que vulneran mediante la comunicación a la sociedad derechos adquiridos, incluso cuando parte de estos grupos sociales vulnerados no tienen la posibilidad de acceder a ciertas cuestiones de hegemonía de inserción dentro de la sociedad, siendo violentados o burlados, además observando avances en cuanto a la desarticulación de cuestiones muy importantes en la Argentina por medio de acciones de ultraderecha.


Una de ellas es el lenguaje inclusivo que en forma administrativa organismos del estado como el Ejército Argentino[3] lo ha prohibido en su uso, siendo que la utilización del mismo que es un compromiso internacional el hecho de poder utilizarlo, cuando desde el aparato de comunicación de este gobierno actual se informa esta prohibición y la necesidad también de prohibir la perspectiva de género, varies renombrados juristas investigadores docentes y diferentes ramas de las ciencias sociales aclararon esta cuestión y desmitificar que tanto acciones legislativas, como compromisos internacionales no se pueden borrar de un plumazo por creerse que estamos en un estado monárquico.


El renombrado jurista y magíster de derecho penal Javier Teodoro Álvarez, nos recuerda que la actualización del año 2018 respecto de las reglas de Brasilia en su regla 60 expresa lo siguiente: “en las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas sin perjuicio de su rigor técnico deberá respetarse el uso del lenguaje inclusivo”

Recordando que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación adquirió a la regla arriba mencionada en la acordada 5/09 y ya lo dispone.[4]


Otra de las acciones en contra de las construcciones ministeriales que han sido capaces no sólo de reconocer demostrar y fundamentar la violencia contra las mujeres y otras identidades contra hegemónicas que hicieron necesario la creación en la República Argentina del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad, siendo estas pasadas a categoría de secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano.


Y nos hace pensar lo siguiente: cómo tenemos en la Argentina un extenso ordenamiento jurídico en donde se establecen pautas y obligaciones para proteger los derechos de las mujeres en concordancia con compromisos internacionales, ante esta degradación administrativa impacta directamente sobre las capacidades estatales de prevenir atender y proteger a las mujeres frente a la violencia de género y cómo esto también impacta contra las identidades contrahegemónicas.


Entendiendo que la nueva institucionalidad establecida hace mella en las partidas presupuestarias establecidas para aquellas políticas públicas que inciden en formas de marco protectorio para mujeres géneros y otras identidades contrahegemónicas o vulneradas por el poder hegemónico capitalista, recordando que los compromisos internacionales se adoptaron a través de la convención de Belém do Pará, pero a la vez es un retroceso con este movimiento de pinza que se ejecuta de intentos legislativos por cerrar instituciones, así como también derogar normativas.


Sumada a estas cuestiones de las mujeres y de las identidades contrahegemónicas que son vulneradas en la sociedad, se suman a los grupos sociales identitarios, en donde aquellos programas y medios de motorización de políticas públicas que incentiven el trabajo y a la vez la posibilidad de acceder a derechos, como el agua potable, cloacas e incluso la propia vivienda, ha sido cercenados por considerarlo un gasto en las arcas del estado.[5]


Una de las explicaciones más comunes de los comunicadores de esta administración gubernamental es cómo se sacraliza en los términos de robo, estafa por parte de punteros políticos y políticos partidarios que en territorio administran estas cuestiones, más nunca se plantea la posibilidad de una revisión sin la detención o la eliminación de dichos programas que permiten el acceso a derechos básicos humanos.


La mecánica más común por parte de este tipo de gobiernos es la eliminación y luego una posible construcción de un nuevo programa con las mismas características con otros nombres, pero más selectivo, sin pensar que en este proceso transicional queda una puerta en el tiempo donde las personas quedan sin posibilidad de acceder a estos programas que les facilitan el acceso a los derechos básicos.


También hemos observado la degradación de las jubilaciones por moratoria previsional están siendo degradadas a plan social[6], ahora bien, entendiendo que la jubilación dentro de nuestro sistema de seguridad social es un derecho humano, que no puede ser alienado de ninguna manera el degradarlo un plan social, demuestra un principio de acción regresiva en un derecho que debe ser progresivo.


Para concluir debemos pensar qué rol tiene la justicia en su camino crítico en poder dilucidar estas cuestiones de construcciones decretales legislativas que se pretenden imponer sobre consensos de los congresistas en nuestro país.


Claramente en la sumatoria de restricción de derechos, de inhibición de estos y a la vez acciones regresivas de los mismos muestra un retroceso democrático, en dónde desde un gobierno que se establece desde un régimen de ultraderecha, asociado a una acción económica brutal, expulsa toda posibilidad de razonamiento, comprensión y entendimiento del incidencia que ejecutan sobre las vidas humanas que son parte de esta sociedad.


 Y aquí se abre una gran diatriba, ya que el avance económico capitalista dentro de los estados hace directamente sacrificables a los seres humanos en pos de resultados positivos económicos, sin medir las consecuencias contra las vidas de quienes integran este estado pudiendo comprender que ante estas acciones de desapoderamiento humano, de todo sentido de responsabilidad para establecer la integridad y la dignidad humana hacen posible en pensar que en la República Argentina se está cometiendo genocidio económico por medio del terrorismo económico[7], que según Carlos Heller : “Entendemos por genocidio económico a cualquiera de los actos perpetrados por aquellas personas físicas o jurídicas, que con el fin de enriquecerse produzcan el sometimiento de un grupo o pueblo a condiciones de existencia que hayan de acarrear a



su destrucción física total o parcial, o a la pérdida de su identidad cultural y social, o a la modificación negativa de su economía; ya sea que los actos se produzcan por manejos monopólicos o de cualquier otro medio de mercado ilícito, con o sin connivencia del Estado en que actúa”


[1] Navarro, J. (mayo, 2017). Definición de Ultraderecha. Significado.com. Desde https://significado.com/ultraderecha/

 

 

 

 

 

 

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