"Regresión de Derechos y Salud Mental: El Impacto de la Gestión Gubernamental en la Población Trans (2024-2025)"

Lara María Bertolini
hace 5 días
12 Min. de lectura

La República Argentina ha sido históricamente reconocida como un faro de vanguardia en materia de derechos humanos y diversidad sexual, particularmente a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Sin embargo, el ascenso al poder de la administración liderada por Javier Milei en diciembre de 2023 ha marcado un punto de inflexión radical, caracterizado por una estrategia sistemática de desmantelamiento institucional y regresión normativa. Este cambio de paradigma no solo representa un ajuste en las cuentas públicas, sino una reconfiguración de la relación entre el Estado y las poblaciones vulneradas, donde la salud mental de las personas trans, travestis y no binarias se ha visto gravemente erosionada por la pérdida de marcos protectores, el aumento de la violencia por prejuicio y la legitimación oficial de discursos de odio.

El presente informe analiza de manera exhaustiva cómo las prácticas gubernamentales y las restricciones de derechos han incidido en el bienestar psicológico y la integridad física de este colectivo, con un enfoque prioritario en las mujeres y feminidades trans, quienes concentran los niveles más altos de violencia estructural y exclusión. A través de datos estadísticos recientes y un análisis de los mecanismos de poder desplegados, se busca evidenciar que el deterioro de la salud mental en esta población no es una consecuencia accidental, sino el resultado de una política de deshumanización que fragmenta los lazos sociales y despoja a los ciudadanos de su derecho a una vida digna.

El Desmantelamiento Institucional como Motor de la Inseguridad Psicosocial

La arquitectura institucional diseñada para la protección de los derechos de género y la diversidad en Argentina ha sufrido un derrumbe programado desde el 10 de diciembre de 2023. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que anteriormente gozaba de rango ministerial pleno, fue degradado inicialmente a una subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para ser posteriormente transferido al Ministerio de Justicia y, finalmente, disuelto de forma definitiva en junio de 2024. Esta desaparición institucional no es un mero cambio administrativo; representa la eliminación de la autoridad de aplicación de leyes fundamentales y la pérdida de la integralidad en el abordaje de las violencias.

Simultáneamente, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha dejado a la población trans sin el principal organismo de denuncia y mediación frente a actos discriminatorios en el ámbito público y privado. La ausencia del INADI genera un vacío jurídico y simbólico profundo. Para una persona trans que enfrenta discriminación en un hospital, un aula o un comercio, la inexistencia de un canal estatal que valide su experiencia de maltrato se traduce en una sensación de indefensión absoluta. Desde una perspectiva de salud mental, esto fomenta el aislamiento y la desesperanza aprendida, factores que predisponen a cuadros depresivos y a la cronificación del estrés de minorías.

Institución / Programa	Estatus Anterior (2023)	Situación Actual (2024-2025)	Impacto en la Comunidad Trans
Ministerio de las Mujeres	Rango Ministerial	Disuelto definitivamente	Pérdida de presupuesto y políticas públicas integrales.
INADI	Organismo autárquico	Cerrado por decreto	Desprotección ante discursos de odio y actos discriminatorios.
Programa Acompañar	Ejecución plena	Recorte del 84% en 2024	Precariedad extrema para víctimas de violencia de género.
Línea 144	Atención especializada	Desfinanciamiento crítico	Dificultad en el acceso a primera escucha y derivación.

La desjerarquización de estas áreas ha provocado un "efecto dominó" en las provincias y municipios. Ante la falta de lineamientos nacionales y el recorte de fondos, al menos diez municipios han cerrado sus áreas de género locales, lo que ha dejado a las personas trans en los territorios sin redes de acompañamiento cercano. La soledad y la falta de redes comunitarias sostenidas por el Estado han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres trans en parajes y barrios periféricos, donde el acceso a la justicia y a la salud ya era previamente limitado.

La Ofensiva Normativa: Decretos de Restricción y su Incidencia Clínica

El uso del Poder Ejecutivo para modificar leyes sustantivas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ha sido una de las prácticas más controvertidas y dañinas de la gestión de Milei. Los decretos 61/2025 y 62/2025 atacan directamente la autonomía de las personas trans en dos de los ámbitos más sensibles: la salud de las infancias y el alojamiento en contextos de encierro.

El Decreto 62/2025 y la Patologización de las Infancias

El Decreto 62/2025 modificó el artículo 11 de la Ley 26.743, prohibiendo de forma taxativa el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de afirmación de género para personas menores de 18 años. Esta medida ignora el principio de autonomía progresiva consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y contradice la evidencia científica que sostiene que el acceso temprano a la salud de afirmación de género es un factor protector fundamental contra el suicidio y la ansiedad clínica en adolescentes trans.

La incidencia de esta prohibición en la salud mental de los jóvenes trans es devastadora. Obligar a un adolescente a transitar una pubertad biológica que no coincide con su identidad de género autopercibida genera cuadros de disforia severa, trastorno de ansiedad generalizada y una elevación crítica de la ideación suicida. Según relevamientos internacionales y locales, las juventudes trans que no cuentan con apoyo institucional tienen hasta 8 veces más riesgo de intento de suicidio que la población general. Al retirar el soporte médico legal, el Estado argentino está empujando a estas infancias a la clandestinidad médica y al sufrimiento psíquico prolongado.

El Decreto 61/2025 y la Vulneración en el Sistema Penitenciario

Por su parte, el Decreto 61/2025 establece que el alojamiento de personas privadas de la libertad se realizará en función del sexo registrado al momento de cometer el delito, impidiendo traslados basados en la identidad de género autopercibida, especialmente en casos de delitos vinculados a violencia de género. Esta normativa despoja a la Ley de Identidad de Género de su eficacia jurídica en el sistema penal, forzando a mujeres trans a ser alojadas en cárceles de hombres.

El impacto psicológico de habitar una cárcel masculina siendo una mujer trans es incalculable. Expone a la persona a un riesgo constante de abuso sexual, tortura y tratos inhumanos tanto por parte de otros internos como de los agentes penitenciarios, quienes ahora operan bajo una reglamentación que descalifica la identidad de la persona. La salud mental en estos contextos se degrada rápidamente, apareciendo cuadros de estrés postraumático complejo y una discontinuidad forzada en los tratamientos hormonales que afecta tanto el bienestar físico como el equilibrio emocional.

El Impacto del Ajuste Económico: Despidos y Retorno a la Marginalidad

La salud mental no puede disociarse de las condiciones materiales de existencia. La Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans representó, para muchas personas del colectivo, la primera oportunidad histórica de acceder a un empleo formal y salir del sistema de prostitución. Sin embargo, la política de reducción del empleo público de la administración Milei ha tenido un impacto desproporcionado en esta población.

Ola de Despidos y Erosión de la Ley de Cupo

Desde el inicio de la gestión, se han registrado despidos masivos que han afectado de manera directa a los trabajadores bajo el régimen de cupo laboral. Solo en las primeras semanas de abril de 2024, se contabilizaron 85 despidos en organismos estatales, cifra que ascendió a más de 100 para octubre del mismo año, representando aproximadamente el 10% del total de inserciones logradas por la ley en los últimos dos años.

Organismo	Despidos Reportados (2024)	Impacto Indirecto
Sector Público Nacional	+100 personas bajo cupo	Pérdida de obra social y aportes jubilatorios.
ANSES	Múltiples delegaciones	Dificultad en la gestión de programas sociales.
Ministerio de Economía	Casos confirmados	Interrupción de trayectorias profesionales incipientes.
Secretarías de Género	Desmantelamiento total	Pérdida de perfiles técnicos especializados.

La pérdida del empleo formal no es solo una crisis económica; es un trauma psicosocial que revive el estigma de la "empleabilidad nula" que históricamente ha perseguido a las personas trans. Al perder el trabajo, se pierde también la cobertura de salud privada (obra social), lo cual interrumpe el acceso a medicación para el VIH y tratamientos de hormonización, exacerbando la ansiedad y el miedo al deterioro físico. La amenaza gubernamental de derogar formalmente la Ley 27.636 a través de la denominada "Ley de Igualdad ante la Ley" mantiene a quienes aún conservan sus puestos en un estado de estrés crónico e incertidumbre.

El Regreso a la Prostitución y el Sexo por Supervivencia

Para una gran parte de las mujeres y femineidades travestis transgeneros y transexuales (TTT), el empleo público era la única alternativa al trabajo sexual. Los testimonios recogidos en asociaciones como Mocha Celis indican que muchas trabajadoras despedidas se ven obligadas a retornar a las paradas de calle o a "disfrazarse de varones cis" para intentar conseguir empleos precarios, lo cual constituye una forma de violencia identitaria y una regresión en su proceso de autoafirmación. Este retroceso forzado genera sentimientos de humillación, pérdida de dignidad y un aumento de la sintomatología depresiva, al percibir que el horizonte de futuro que el Estado les había prometido ha sido cancelado unilateralmente.

Discursos de Odio y su Materialización en la Violencia Física

La salud mental de la comunidad trans se encuentra también bajo el asedio de una retórica oficial que patologiza y deshumaniza sus identidades. El presidente Javier Milei y sus ministros han utilizado foros nacionales e internacionales para calificar a la diversidad de género como una "ideología que atenta contra la biología" o un "invento subjetivo".

La Escalada de la Violencia por Prejuicio

El discurso estatal no se queda en las palabras; funciona como una validación para la violencia social. En el primer semestre de 2025, los crímenes de odio en Argentina aumentaron un 70% respecto al mismo periodo del año anterior. De los 102 crímenes registrados en la primera mitad de 2025, el 70.6% (72 casos) fueron sufridos por mujeres trans.

Estadísticas de Crímenes de Odio (1er Semestre 2025)	Cifra / Porcentaje
Total de crímenes registrados	102 casos
Incremento vs 1er Semestre 2024	70%
Proporción de víctimas: Mujeres Trans	70.6%
Casos de violencia estructural (muertes evitables)	10 casos (8 mujeres trans)
Responsabilidad directa del Estado	64.7% de los casos

Un dato escalofriante es que en el 64.7% de los casos, el Estado es identificado como el responsable directo o indirecto, con 54 agresiones perpetradas por fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. La policía, al percibir que el discurso oficial criminaliza la identidad trans, ha recrudecido las detenciones arbitrarias, el hostigamiento en la vía pública y el maltrato físico. Este entorno de vigilancia punitiva genera en las personas trans una "fobia social inducida" y un estado de hipervigilancia que agota sus recursos psíquicos.

Impacto Psicológico de la Deshumanización Oficial

Cuando el máximo mandatario utiliza metáforas que comparan la diversidad sexual con el contacto con animales (la metáfora del elefante) o cuando el Ministro de Justicia niega la existencia de las identidades disidentes, se produce un fenómeno de "invalidación ontológica". Para la persona trans, esto significa que su existencia misma es declarada ilegítima por el poder soberano. Esto se traduce clínicamente en niveles alarmantes de ansiedad, ideación suicida y una erosión de la autoestima colectiva.

Foco en Mujeres y Feminidades TTT: La Violencia Estructural

Dentro del colectivo trans, las mujeres y feminidades TTT son quienes sufren con mayor saña el impacto de las políticas de Milei. Su vulnerabilidad es el resultado de una intersección de factores: identidad de género, clase social, exclusión laboral y el estigma que rodea al trabajo sexual.

Expectativa de Vida y Salud Física

Mientras que la expectativa de vida para una mujer cisgénero en Argentina es de 78 años, para una mujer o femineidad TTT sigue siendo de apenas 40 años. Esta cifra no ha mejorado significativamente a pesar de los avances legales, y la actual gestión amenaza con profundizar esta brecha al desfinanciar los programas de salud integral. En 2025, de las 17 muertes analizadas por el Observatorio Nacional, el 58.8% fueron atribuidas a "violencia estructural", es decir, muertes por enfermedades tratables o condiciones de precariedad extrema que el Estado decidió no prevenir.

La Educación como Resistencia y su Fragilidad Actual

El Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, la primera escuela trans del mundo, reporta que en el contexto actual la desmotivación frente a un panorama social adverso está desalentando la terminalidad educativa. La crisis económica obliga a las estudiantes, mayoritariamente mujeres trans, a intensificar jornadas laborales precarias, lo que las empuja a abandonar las aulas. La educación es la principal herramienta de salud mental para este colectivo, ya que construye comunidad y sentido de propósito; su fragilidad actual es un síntoma del deterioro del tejido social trans bajo la gestión Milei.

Estadísticas de Salud Mental y Suicidabilidad (2024-2025)

Los datos recopilados por organismos internacionales y relevamientos locales como el de la Federación Argentina LGBT+ y el CELS muestran un panorama sombrío para la salud mental del colectivo.

Ideación Suicida: Más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideraron seriamente el suicidio en el último año, cifra que se eleva a 2 de cada 3 personas en el caso de jóvenes trans y no binarios.
Depresión y Ansiedad: El 58% de las juventudes reportan síntomas de depresión, mientras que la ansiedad ha escalado del 57% al 68% entre 2024 y 2025 en coincidencia con el endurecimiento de los discursos oficiales.
Autolesiones: El 75% de las juventudes LGBTQ+ reportaron haberse autolesionado alguna vez, con una incidencia del 85% en personas trans.
Aislamiento: El 90% de las juventudes LGBTQ+ afirma que su bienestar se ha visto afectado negativamente por las políticas anti-LGBTQ+ del gobierno nacional.

Indicador de Salud Mental	Juventudes Trans (2024-2025)	Tendencia
Ideación Suicida	67%	En aumento
Síntomas de Ansiedad Clínica	68%	En aumento (+11% anual)
Síntomas de Depresión	54%	En aumento (+6% anual)
Autolesiones (alguna vez)	85%	Crítica
Sensación de seguridad en el Estado	<10%	Mínimo histórico

Conclusiones y Recomendaciones Profesionales

La evidencia recolectada durante el periodo 2024-2025 indica que la población trans en Argentina está siendo sometida a un experimento de "borramiento social" mediante la asfixia económica y la regresión legal. La salud mental de este colectivo no puede abordarse únicamente desde una perspectiva clínica individual, ya que el origen del sufrimiento es eminentemente político e institucional.

Ilegalidad de los Decretos: Los DNU 61 y 62 de 2025 deben ser declarados inconstitucionales, ya que vulneran derechos adquiridos y principios de progresividad de los derechos humanos. Su vigencia es una amenaza directa a la vida de adolescentes y personas privadas de libertad.
Restauración del Cupo Laboral: Es urgente frenar los despidos y garantizar la estabilidad de los trabajadores trans. El trabajo formal es la barrera más efectiva contra la depresión y la exclusión sistémica de las mujeres trans.
Responsabilidad en el Discurso Público: Se requiere que los funcionarios públicos cesen el uso de términos descalificantes y patologizantes. La deshumanización oficial es el preámbulo de la violencia física ejecutada por las fuerzas de seguridad.
Fortalecimiento de la Salud Pública: El desfinanciamiento de los tratamientos hormonales y la medicación para el VIH constituye una forma de abandono estatal con consecuencias letales a corto plazo. La salud integral trans debe volver a ser una prioridad del Plan Médico Obligatorio sin restricciones por edad.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben poner su mirada sobre Argentina. Lo que se ha construido en décadas de activismo está siendo desmantelado en meses, con un costo humano que se mide en vidas perdidas, trayectorias escolares truncas y un sufrimiento psíquico que marcará a las próximas generaciones de personas trans en el país.